La idea promete ser polémica pero busca, de acuerdo con sus fundamentos, conseguir
terrenos en donde
construir viviendas sociales para los sectores más desfavorecidos.
Hablamos del de proyecto de "Promoción de Hábitat Popular de la Provincia de Buenos Aires", elaborado por un equipo interdisciplinario de la Universidad Nacional de General Sarmiento compuesto por arquitectos, antropólogos y urbanistas, y el Ministerio de Infraestructura provincial.
Según lo publicado por el diario Miradas al Sur, su aspecto central, le brinda al Estado herramientas legales para intervenir en lo que se llama la “producción del suelo”, esto es generar lugares nuevos o que estén ociosos que sirvan para disminuir el número de personas con
problemas habitacionales. Sin contraponerla con la indispensable lógica de “construir y construir”, la propuesta plantea una mirada más de fondo.
Así, se trata que las capas más bajas que ni siquiera pueden acceder a los programas sociales de entrega de viviendas “
llave en mano” tengan, por lo menos, una porción de tierra. Para ello, se flexibilizan al máximo los requisitos para lotear un terreno, para que sean esas familias las que de a poco vayan construyendo su hogar.
“Actualmente, la mitad de las
casas de los sectores humildes proceden de la autoconstrucción. Lo que hace esta ley es formalizar y legalizar una situación de hecho”, apuntó al diario porteño Pedro Del Piero, titular de Fundación Metropolitana, una ONG que promueve políticas públicas de planificación urbana y que es parte de la masa crítica que forjó el proyecto. Adolfo Canosa, presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, señaló: “Esta propuesta le da por primera vez al Estado la posibilidad de tener un banco de tierras del que pueda disponer. Algo que hace años legislaron países como Chile, España, Colombia, Brasil o España”.
El debate recién se inicia y, aunque se circunscribe a la provincia de Buenos Aires, los expertos tienen en cuenta que es allí, en Córdoba, Rosario y Mendoza en donde se concentra la mayor cantidad de
barrios privados.
“Actualmente, si una organización social quiere lotear un terreno, debe por ley ceder un 25 por ciento como reserva fiscal para que el Estado pueda hacer centros de salud, escuelas o plazas. Sin embargo, hasta ahora los
countries no pagan nada cuando hacen sus emprendimientos. El proyecto les pide sólo el 10 por ciento”, dijo Gabriel Nosetto, coordinador general de la Asociación Civil MadreTierra.
Agregó que una verdadera oferta para los countries que se transforma en regalo cuando se indaga acerca de las características de ese 10 por ciento de terreno: “Ni siquiera es el 10 por ciento del valor del terreno urbanizado, sino el 10 por ciento del valor de esas tierras cuando tenían categoría de rurales. Si un
country compra una parcela a un dólar, por el sólo hecho de ser rezonificada por el Estado para hacer emprendimientos, su valor se dispara hasta 15 veces”, apuntó Nosetto. “Pero además lo que se da es una pelea por la tierra muy desigual, ya que tanto la gente humilde como los countries disputan los mismos terrenos, ya sea en General Rodríguez, Moreno o cualquier otro partido del GBA”, remató.
Fuente: MDZ Online
