Hasta la crisis de la Resolución 125 el grueso del producido agrario se volcaba a la construcción en ciudades. Tras el impasse que deprimió los mercados de la construcción y sus conexos ahora los productores pueden comprar inmuebles pagando directamente con la cosecha. Santa Fe sigue siendo una isla y avanzan sobre ella operadores de otras provincias.
Por ahora se la define como una prueba piloto pero aun así -y valga el tema de fondo- ya comienza a dar sus frutos: una inmobiliaria de Córdoba lanzó al mercado una nueva modalidad operatoria que permite comprar inmuebles nuevos pagando con cereales.Por obvias razones de los productos agrarios, la "niña mimada" sigue siendo la soja, con una cosecha récord de 53 millones de toneladas -como rinde de 18,5 millones de hectáreas sembradas- sobre las que constructores y desarrolladores
inmobiliarios se lanzan con propuestas seductoras.
El esquema armado por la inmobiliaria cordobesa es el siguiente: el productor selecciona el departamento de su preferencia (2 o 3 ambientes), a estrenar, y abona directamente con su cosecha. La operadora inmobiliaria se ha asociado a una de cereales que se encarga de retirar la carga en el campo y trasladarla sin escalas hacia el puerto de Rosario, y de allí al mundo.
De este modo el productor no tiene que esperar vender su cosecha para hacerse de efectivo y además se asegura un precio mayor por tonelada ya que el plan estipula un pago del 5% por encima del que obtendría de un acopiador común.
Como beneficio extra se suma una reducción del IVA al 10,5% ya que el desarrollador del plan no está inscripto como operador de cereales. Se agrega a esto la posibilidad de realizar cuatro pagos semestrales siguiendo -precisamente- los tiempos del campo.
La logística de la cerealera, asociada al proyecto y con sede en Jesús María, garantiza celeridad en la recolección y traslado de la carga con lo cual el comprador está en condiciones de firmar el boleto de compraventa dentro de los siete días de cerrada la operación.
Si bien en esta primera operación la inmobiliaria colocó en el mercado 40 edificios y 10 countries, ya comenzaron a evaluar la posibilidad de una segunda en la cual se agreguen a la cartera casas y
departamentos de segunda mano, y también terrenos donde el comprador pueda desarrollar su propio proyecto habitacional.
Copiar y mejorar
Nada es nuevo bajo el sol y este programa no tiene nada de novedoso, sino que es una adaptación de la vieja modalidad iniciada hace años por los productores de maquinarias e insumos agrícolas. Luego se sumaron las comercializadoras de vehículos, especialmente las de pick up 4 x 4.
La variante en este último terreno es que el productor entrega el grano a la vendedora del producto que le interesa y ésta a su vez lo reenvía a quien la comercializará para la exportación.
Si bien el productor agropecuario obtiene un precio sensiblemente mejor que el ordinario del mercado por el vehículo, con los inmuebles la diferencia sería aún mayor.
En el caso de las automotrices, las concesionarias actúan como meras intermediarias en tanto que las asociadas cordobesas actuarán recibiendo directamente el grano en pago.
Las islas
Pero el debut del nuevo plan no se circunscribirá a la provincia de Córdoba sino que la operadora inmobiliaria avanza sobre un mercado más que codiciado: Rosario, al cual llegó hace cuatro años pero que repotenció con oficinas en un piso del primer
edificio inteligente del microcentro de esa ciudad.
Cabe destacar al respecto que este avance es consecuencia inmediata del vacío legal que presenta la provincia de Santa Fe ya que aún no cuenta con una norma que cree el colegio de corredores inmobiliarios y regule la actividad generando innumerables inconvenientes a los inmobiliarios locales en relación -precisamente- con la comercialización.
Convertida en una suerte de isla normativa (ya que las provincias circundantes adecuaron sus legislaciones locales) dos proyectos aguardan tratamiento en la Cámara de Diputados luego de que otros tres perdieran estado parlamentario a comienzos de este mes. Uno se encuentra en la comisión de Industria, Comercio y Turismo, el otro en la de Asuntos Constitucionales.
Este vacío genera a su vez inconvenientes de índole fiscal ya que al no existir un colegio del sector no se tornan obligatorias las llamadas autorizaciones de venta (tanto de unidades nuevas como usadas), repercutiendo en forma directa sobre la aplicación del llamado COTI (Código de Ofertas de Transferencia de Inmuebles) y dificultando a la oficina recaudadora ejecutar un verdadero control del mercado.
FUENTE: sinmordaza.com
