En el marco de la conferencia encabezada por la organización
Uruguay XXI, el
Consulado de Uruguay y el
Estudio jurídico-contable Soneira y Asociados realizada en
Córdoba, se debatieron algunos de los principales aspectos que explican por qué
Uruguay es un polo de atracción de inversiones, entre ellas, las argentinas.
Estabilidad en las políticas estatales; seguridad jurídica; PBI en aumento; acceso al
MERCOSUR; ubicación estratégica; infraestructura moderna; alto índice de calidad de vida; crecimiento económico de 8.5 por ciento anual, según los datos ofrecidos por el Banco Central del Uruguay; y un puerto “mixto” con operarios privados regulados por el estado, son algunas de las propuestas que ofrece uno de los principales destinos turísticos de los argentinos.
Si bien es la actividad turística la que moviliza gran parte de los flujos nacionales,
Uruguay es el mejor país posicionado de Latinoamérica con respecto a las inversiones extranjeras directas, con un 5.8 por ciento de inversión productiva destinada a la
construcción, acorde a los datos ofrecidos por Economist Intelligence Unit 2010.
El impulso en las inversiones logró que el país esteño
cuadriplicara el volumen de sus exportaciones, según afirma el especialista en promoción de inversiones del Instituto Uruguay XXI, Jorge Calvete. Esto se debe, entre otras razones, a que “extranjeros y nacionales son tratados por igual, ofreciéndoles todos los beneficios que están a nuestro alcance”, detalló Calvete. En este sentido, Uruguay ofrece figuras jurídicas sencillas, como sociedades anónimas al portador, a quienes se le ofrecen ventajas fiscales como el impuesto a las rentas más bajo, con una reserva absoluta referente a informaciones patrimoniales en manos del banco.
Una de las zonas atractivas, sin demasiado desarrollo industrial, son las
zonas francas. En estos sectores se concentran industrias de software y de servicios prioritariamente, destinados al consumo local y a exportaciones. Para estos sectores, excluidos de las fronteras aduaneras del estado, se preveen franquicias territoriales con exoneración de impuestos fiscales para importaciones y exportaciones.
No obstante, la apuesta fuerte se concentra en la reciente
Ley de fomento a la vivienda social, un incentivo e invitación a
desarrollistas nacionales y extranjeros que propone la
actuación conjunta entre privados y el estado para construir viviendas destinadas a la clase media. El objetivo es dar respuesta a la marcada demanda de primeras viviendas para la clase media, en su mayoría familias jóvenes con hijos e ingresos medios.
El atractivo para los inversores, más allá de que en rasgos generales sus índices globales se encuentran bien posicionados, radica en los
beneficios fiscales y los fondos presupuestales preferenciales. En cuanto a beneficios fiscales, impuestos al patrimonio o IVA (con reintegros para los desarrollistas), están exentos de pago. Por otro lado,
la banca uruguaya ofrece préstamos de hasta el 70 por ciento inicial, lo cual facilita el acceso a la vivienda propia, dado que ambos beneficios se trasladan en reducciones al precio final para el comprador.
El procedimiento es sencillo. Los inversionistas presentan sus proyectos que serán evaluados por un comité en dependencia con la Dirección Nacional de Viviendas y luego por el Poder Ejecutivo. Las inversiones deben preveer como mínimo 90 mil pesos uruguayos. En adelante, entra en juego un sistema de puntajes donde características como la radicación en el interior, generación de empleo o la utilización de materiales uruguayos, se traducen en mayores posibilidades de concreción. La única condición es que 51 por ciento del total del emprendimiento debe contemplar que las unidades cuenten con dos
dormitorios al menos, considerando las necesidades de las familias. Un dato a resaltar es que
el 68 por ciento de las empresas que apuestan a estos desarrollos son PYMES.
Un polo alentador con beneficios concretos y flexibilidad a la orden de los intereses desarrollistas, convierten a Uruguay en un sector prometedor a la espera de inversiones.
